Tránsfugas y semántica

Tránsfugas y semántica

Tanto se habla estos días de plataformas, movimientos y proyectos de nuevos partidos a iniciativa de concejales que han dejado de serlo de Ciudadanos en toda España, que surge la necesidad de explicar si realmente estamos ante “tránsfugas” y si este término no es más que una descripción objetiva sobre la que podamos argumentar razonadamente en términos de mayor o menor reprobabilidad.

La RAE define a un tránsfuga como “persona que pasa de una ideología o colectividad a otra” o “persona que con un cargo público no abandona este al separarse del partido que lo presentó como candidato”. Está claro, por tanto, que el apelativo de tránsfuga se aplica, desde un punto de vista estrictamente semántico, a todo aquel electo que, integrado en una lista y un proyecto político, y debido precisamente a ellos, alcanza esa condición por voluntad ciudadana, directa o indirectamente, pero que se aparta luego de las directrices del partido que lo incluyó en esa lista y hace así política y/o gestión de manera individual y al margen de la formación que lo amparó, sin la que jamás podría haber alcanzado el cargo que ostenta.

Más allá de la semántica, en España se instituyó en 1998 el llamado Pacto Antitransfuguismo, que definió al tránsfuga, desde la perspectiva política puramente, como una “patología política” en el sistema representativo democrático, una “disfunción” y un “falseamiento” de la voluntad expresada por los electores con su voto. Dicho acuerdo fue ampliado y concretado en 2000 y 2006 en sendas nuevas versiones del pacto, el primero una mera ratificación del original de 1998, y el segundo con el fin de definir exactamente la figura del “tránsfuga”. Así se concretó esa definición: “representantes locales que, traicionando a sus compañeros de lista y/o de grupo -manteniendo estos últimos su lealtad con la formación política que los presentó en las correspondientes elecciones locales-, o apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los han presentado, o habiendo sido expulsados de éstas, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad local, o bien dificultan o hacen imposible a dicha mayoría el gobierno de la entidad”.

De esta definición, y de su evolución desde 1998, y aunque el pacto ha estado totalmente aparcado desde la última reunión de su comisión de seguimiento en 2009, fundamentalmente por convertirse en un arma arrojadiza entre PP y PSOE, se extrae un elemento principal para identificar al concejal tránsfuga, y este elemento no es otro que el apartarse individualmente de su lista o grupo mientras que el resto de sus componentes mantienen la lealtad a su formación política, la que presentó la lista a unas elecciones. Por ello, es perfectamente posible que un grupo municipal, o un concejal individual, si es el único representante de su partido en un ayuntamiento, cambien de opinión, de estrategia o de modo de gestionar su fuerza representativa. Pero ese cambio debe venir avalado por su partido, como parte de su actuación política como tal; con todas las particularidades que se quieran, pero siempre con la cobertura del partido, y nunca por una voluntad separada de las directrices de la formación que presentó la lista en la que se integraba el ahora tránsfuga.

La justificación es lógica y muy sencilla de entender: en política no hay posiciones inamovibles, porque ello haría imposible la negociación y el consenso inherentes a la política del día a día. Pero esas posiciones, de moverse, han de hacerlo bajo el paraguas de la formación política por la que se tiene un cargo electo representativo. Es el partido quien marca las líneas de actuación, y a quien dejen de gustarle estas tiene una opción muy clara: marcharse y defender su postura sin aferrarse a un cargo que le debe a los votantes y a la formación que presentó a unas elecciones una lista electoral. Esto es, por otra parte, lo más honrado desde el punto de vista democrático, por que los ciudadanos en este país, no nos engañemos, votan listas electorales, y aun pudiendo entender que los cabezas de lista tuvieran una cierta legitimidad para reclamar su cuota de voto personal, nunca estarían ahí sin la cobertura de su partido. Y mucho menos, desde luego, los puestos posteriores en esa lista ni, de ninguna manera, los diputados provinciales que resultan elegidos no ya por los electores, sino por sus propios compañeros, electos como él, e internamente, con lo que se rompe cualquier posibilidad de relación o legitimidad directa desde la voluntad ciudadana, fortaleciéndose en este caso concreto, el de los diputados provinciales, incluso, la preponderancia de la voluntad del partido. 

Es más, el mantenimiento o cambio de mayorías de gobierno o la obstaculización de labor de gobierno de esas mayorías es algo perfectamente legítimo para los grupos políticos que integran a sus diferentes y respectivos representantes individuales, porque parte de una estrategia política de grupo y, por ende, de partido, que es el que marca las líneas ideológicas que se presentan en un proyecto ante la ciudadanía bajo unas siglas. Nunca es a los miembros de esos grupos, separados del partido al que se deben y al que deben su puesto en una lista, a quienes individualmente les está permitido adoptar decisiones para cambiar y/o mantener mayorías políticas cuando lo hagan al margen de la opinión y la voluntad de su formación.

Así pues, entiéndase que no pretendo con el término de tránsfuga ninguna intención peyorativa a priori hacia ellos, sino todo lo contrario, la concreción simple y llana en los mismos de las condiciones expuestas para ser tenidos como tales. De lo que se trata es de analizar si el organizarse tras su salida o exclusión de mi formación, Ciudadanos, para desde su no adscripción justificar el mantener un cargo público que obtuvieron por este partido es legítimo o no. Y ahí mi conclusión es clara: son una anomalía del sistema democrático, porque tienen todo el derecho del mundo a discrepar de lo que su partido haga y diga, pero deben su cargo a Ciudadanos (nos obligamos así por escrito), por cuyas listas se presentaron ante los electores. Y es Ciudadanos quien deberá asumir, por obligación y por derecho, en su caso, cualquier premio o castigo de los electores si realmente hubiera variado su posicionamiento político en algún tema concreto (algo que, en todo caso, rechazo, aunque es, obviamente mi opinión). Si un cargo de Ciudadanos, como de cualquier otro partido, cree no coincidir con el ideario de su formación, lo coherente y lo decente es dejarlo y seguir luchando, pero no aprovechar algo que no te corresponde legítimamente por ti mismo.

Quizá por eso la reciente reunión de ex-Cs en Valladolid se anunciara con más de 150 asistentes y se quedara en apenas un tercio ... No se lo merecen los electores ni la democracia. Ni siquiera los propios tránsfugas, muchos de ellos a los que personalmente conozco y sigo considerando amigos. En lo personal no hay discusión ni reproche, pero creo, sinceramente, que en esto se equivocan. Pueden seguir luchando, pero no de esta manera tan poco ..., digamos, semántica.

Inicia sesión para enviar comentarios
volver arriba