Educación, pactos y pines

Educación, pactos y pines

 

Cualquier día sería bueno para reflexionar y, sobre todo, para ponerse a trabajar en serio en el tema, pero este 24 de enero, Día Internacional de la Educación proclamado así por al ONU, es especial para indagar qué significa la educación de la persona como un derecho humano contenido en el art. 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y es especial porque en las últimas semanas nos están intentando meter en un debate absurdo, confrontando de manera manipulada la libertad de los padres en las decisiones que atañen a la educación de sus hijos y la acción pública de fomento de una educación integral para un pleno desarrollo de la personalidad. Ambos principios no son contradictorios, sino complementarios y retrocederemos, y mucho, como personas y como sociedad, si no estamos dispuestos a entenderlo.

La educación se configura como un derecho de todos y como la vía hacia el desarrollo humano, tanto individua como social, y por eso precisamente se trata de que a través de la educación se inculquen valores universales como la tolerancia, el respeto, la paz y el entendimiento entre diferentes. No hay sociedad si obviamos o incluso negamos que con la educación deban promoverse esos pilares de convivencia, y es necesario asumirlos, y hacer asumirlos, desde el inicio de la persona, desde la niñez. Llevamos, desgraciadamente, mucho tiempo contemplando cómo los recursos en reprimir la violencia machista, las agresiones homófobas, los ataques por motivos raciales o religiosos parece que acaban en nada con cifras que se mantienen, cuando no repuntan. Pero no hay alternativa y debemos mantener esos recursos aplicándose, efectivamente, en la represión de este tipo de actitudes. E igualmente, y de manera si cabe más importante, en preparar a las generaciones futuras para que lo que hoy tenemos que reprimir mañana no vuelva a pasar. Y eso es educación, más allá de las matemáticas, la física o la lengua. Es educación integral de nuestros hijos a los que hay que preparar para un mundo cada vez más complejo y con tensiones que hoy ni siquiera alcanzamos a adivinar. Ese es el alcance de la educación que ha de fomentarse en nuestras escuelas y cuya promoción es un deber de la Administración, con una base objetiva, desideologizada y neutral. Si nacer no tiene ideología, educarse tampoco debería tenerla, porque es la segunda parte y consecuencia de aquello.

Y si esa es la cara de una misma moneda, la segunda es la libertad de los padres a intervenir en la educación de sus hijos, a decidir el tipo de educación que estos reciben, un aspecto que forma parte indisoluble del mismo derecho universal a la educación. Pero esa libertad tiene límites, como toda libertad en un sistema democrático, y los límites los debe marcar la ley, expresión consensuada de norma de convivencia en sociedad. Una ley que, precisamente por su objeto y trascendencia, debe nacer del mayor acuerdo posible entre diferentes. Esos límites a la libertad de los padres para decidir en la educación de sus hijos son, precisamente, los que deben marcar la extensión de la acción pública de fomento de la educación. Es la norma que nos demos la que debe decir el procedimiento concreto para inculcar esos valores, porque la discusión no son la libertad o la igualdad, sino cómo los hacemos llegar a los educandos. Y eso es lo que tiene que regular la ley.

La pregunta, pues, es cómo llegar a señalar la línea entre extensión y libertad, y ello solo es posible sentándose a una mesa a hablar y a escuchar a los expertos, a los padres, a los docentes, así como a todo el que tenga algo que aportar. Y llegar así a un pacto por la educación con la convicción de que no estamos negociando para nosotros, sino para quienes vendrán detrás y precisamente para evitarles los problemas que nosotros hoy tenemos, porque ellos deberán seguir ese proceso. Si perdemos esta perspectiva, jamás entenderemos de qué estamos hablando.

Dejémonos de discusiones estériles sobre pines parentales. Ni hay un derecho de los padres a que sus hijos no sean educados en valores objetivos y universales, ni hay un derecho del Estado a desviar la educación hacia criterios ideológicos. Ni unos ni otros. Deberíamos estar hablando, desde hace mucho tiempo ya del problema, y no de soluciones cortoplacistas y de mero populismo que suenan muy bien solo porque se gritan en lugar de hablarlas. No es eso lo que nuestros hijos se merecen, porque la solución está en el diálogo y el establecimiento de criterios educativos integrales, integradores, objetivos y blindados legalmente. Como está en la implicación real de los padres en la educación de los hijos a través de fórmulas participativas transparentes y eficaces. Está en funcionar como sociedad en constante desarrollo y evolución generacional, algo que olvidamos constantemente. 

Ya veníamos recorriendo un camino muy interesante en esta historia y parece que hay quien se ha empeñado en sacarnos de él con este bache. Que no nos hagan volver al principio, ni unos ni otros, porque no se trata de años, sino de siglos. 

Mis hijos son míos, que conste, pero están en el mundo para ser de ellos mismos. Y no es solo política. Es algo más.

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