EL EQUIPO DE GOBIERNO ACUSA DIRECTAMENTE A LA PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR, MÓNICA LORENTE Y AL EMPRESARIO ÁNGEL FENOLL DE INSTIGAR LA HUELGA DE LAS BASURAS

En el pleno en el que se ha dado cuenta de la intervención del servicio el Partido Popular se ha abstenido alegando que no existe base jurídica suficiente para adoptar esta medida.

El equipo de gobierno ha aprovechado el pleno en el que se ha dado cuenta de la intervención del servicio de basuras para poner las cartas sobre la mesa y hablar sin tapujos sobre lo que consideran las verdaderas circunstancias que han motivado la protesta de los trabajadores que ha desembocado en la aplicación de esta medida excepcional y urgente.

En su exposición al pleno, el edil de Aseo Urbano, Pablo Vidal además de por los motivos de salubridad debido a la acumulación de residuos en las calles ha justificado la adopción de esta medida ante la actitud mostrada por la empresa que en todo momento se negó a solucionar el conflicto y abonar las nóminas que adeudaban a los trabajadores pese a reconocer que disponía de la suficiente solvencia para hacerlo, con el único objetivo de forzar al consistorio a pagarles 16 millones de euros por la resolución del contrato.

Por su parte el alcalde, Monserrate Guillén se ha remontado a la adjudicación del servicio a la UTE. Una adjudicación que afirma el anterior equipo de gobierno que presidía la popular Mónica Lorente hizo de manera encubierta al empresario Ángel Fenoll que controla dos de las empresas que la integran como así consta en la instrucción del caso “Brugal”.

Según Guillén el objetivo era que a los dos años se propiciará la salida de Sufi de la UTE para que finalmente Fenoll controlara en su totalidad el servicio, pero no contaron con que se produjera un  cambio de gobierno en el ayuntamiento.

El primer edil oriolano ha afirmado que desde el primer día de la entrada al frente del consistorio del nuevo equipo de gobierno se han recibido presiones por parte de la UTE en una estrategia del empresario Ángel Fenoll para intentar desgastarlo y devolver la alcaldía a Mónica Lorente como demuestra los tres conatos de huelga que se han producido a los largo de estos ocho primeros meses de legislatura además de la protesta que dejo en la calle las basuras la semana pasada pese a que el ayuntamiento esta al día en el pago de las certificaciones a la empresa, incluso se han abonado los 8 meses que dejaron a deber los anteriores responsables municipales.

La portavoz del grupo socialista, Antonia Moreno ha ido más allá y ha asegurado que desde hace 20 años quién ha controlado el ayuntamiento de Orihuela ha sido una trama político-empresarial de la que forma parte el Partido Popular y el empresario Ángel Fenoll que ha ingresado durante este tiempo de las arcas municipales 130 millones de euros, más de 21 mil millones de las antiguas pesetas.

Y a todo esto no ha respondido el grupo popular ni siquiera directamente su portavoz y aludida Mónica Lorente. En su lugar ha intervenido Antonio Rodríguez Barberá tan sólo para reprochar al equipo de gobierno su precipitación a la hora de decidir llevar a cabo la intervención del servicio. En este sentido los populares consideran que se debería haber esperado para adoptar esta medida que afirman no cuenta con una base jurídica ni técnica suficiente, por lo que se han abstenido en la votación.

Una postura que ha sorprendido el portavoz de Centro Liberal Renovador, Pedro Mancebo quién además de defender la consistencia de la decisión tomada por el consistorio respecto al servicio ha recordado a los populares que desoyeron las advertencias de los entonces grupos en la oposición cuando decidieron dejar desierto el concurso en 2007, lo que motivo un contencioso-administrativo de la empresa Urbaser cuya sentencia obliga ahora al ayuntamiento a indemnizarla con más de nueve millones de euros.

Mancebo ha añadido que tampoco se preocuparon entonces de las condiciones en las que se prestaba el servicio, ni de los incumplimientos del pliego de condiciones, ni de pagarle las certificaciones durante ocho meses, ni de las condiciones laborales de los trabajadores que si respaldan la intervención ahora.

Tampoco se preocupo la empresa de reclamar esos ocho meses de impagos forzando al ayuntamiento a resolver la contrata algo que el edil renovador ha afirmado reclama ahora después de que el nuevo equipo de gobierno haya detectado los incumplimientos dejando al descubierto un servicio que basaba sus beneficios en esas deficiencias ya que el pliego de condiciones no se ha aplicado ni un 70%.